ESPAÑA APRUEBA DECRETO PARA REGULARIZAR A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE MIGRANTES EN 2026
Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes que ya residen en el país, con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica y acceso a derechos básicos
Redacción
El gobierno de España aprobó un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes en el país a partir de 2026. La medida busca garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a personas que ya residen en el territorio español, según fuentes oficiales del Ejecutivo.
El decreto surge de un acuerdo con el partido Podemos y forma parte de un esfuerzo por fortalecer la integración y los derechos humanos en la política migratoria. El proceso se iniciará en el Consejo de Ministros y se apoya en una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas.
Requisitos para solicitar la regularización
Los solicitantes deberán cumplir los siguientes criterios: Residencia previa: Haber vivido en España antes del 31 de diciembre de 2025, comprobable mediante certificados de empadronamiento, informes médicos o contratos de alquiler. Permanencia mínima: Contar con al menos cinco meses de residencia en el país al momento de la solicitud.
Antecedentes penales: No poseer antecedentes penales relevantes. Tras presentar la solicitud, se concederá una autorización provisional, que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos como la asistencia sanitaria. Si la solicitud es aprobada, se otorgará una autorización de residencia por un año, con opción de solicitar posteriormente una autorización ordinaria.
La ministra de Trabajo, Elma Saiz, explicó que el Real Decreto refuerza un modelo migratorio basado en la integración social y la protección de derechos. Al ser un decreto, el gobierno puede implementarlo sin necesidad de aprobación parlamentaria, lo que facilita su entrada en vigor.
En 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se realizó la mayor regularización hasta la fecha, beneficiando a cerca de 578.000 personas. Ese proceso requería un contrato laboral para que los solicitantes pudieran regularizar su situación.